Artículo publicado en Libertad Digital el 25-3-09, por su interés reproducimos.
El secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió explicaciones a la ministra Salgado por el voto fraudulento de la vicepresidenta De la Vega. Pons subrayó que De la Vega fue "beneficiada por dos decisiones ilegales" para poder votar en Valencia.
El escándalo por las irregularidades destapadas por la prensa en cambio de censo electoral fuera de plazo de la vicepresidenta De la Vega para que pudiese votar en Valencia llegó este miércoles a la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados de la mano de Esteban González Pons.
El diputado trató sin éxito que la ministra de Administraciones Públicas ofreciese una explicación convincente. Salgado se limitó a decir que "como sabe perfectamente ejerció su derecho al voto de acuerdo con la mas estricta legalidad", y apuntó que "por cierto sin que nadie lo impugnara, porque lo hacen ustedes un año después".
Pons recordó que la resolución que esgrime el Gobierno para justificar la legalidad del cambalache "no se publicó en el BOE, se hizo en secreto y por lo bajini". Además, subrayó que la resolución por la que se inscribe a De la Vega en Valencia "es del 7 de febrero y no de 31 de enero", como decía el comunicado de Vicepresidencia de este martes.
En una situación similar, recordó Pons, "cualquier ciudadano tiene que acudir al juez de primera instancia, pero la vicepresidenta no es un ciudadano cualquiera". El diputado del PP hizo hincapié en que De la Vega fue "beneficiada por dos decisiones ilegales", la resolución casi secreta que "cambié el criterio de más de 50 convocatorias electorales" sin ni siquiera publicarse en BOE como era preceptivo, y recordó que la Administración debió "iniciar un proceso de revocación", para que "un acto administrativo estimatorio" sustituya "a otro desestimatorio sin haber recurrido". Por todo ello, Pons consideró que si no aclara estas irregularidades la vicepresidenta "debe dimitir, porque esa es la esencia de la democracia no meter la mano en la urna".
La respuesta de Salgado, en la línea del Gobierno, fue negar la realidad, decir que el cambio de censo de la vicepresidenta "es legal y de justicia" y "afectó por igual a todos aquellos ciudadanos que habían reclamado", y se escondió detrás de los supuestos escándalos que afectan al PP para no dar explicaciones.
El diputado trató sin éxito que la ministra de Administraciones Públicas ofreciese una explicación convincente. Salgado se limitó a decir que "como sabe perfectamente ejerció su derecho al voto de acuerdo con la mas estricta legalidad", y apuntó que "por cierto sin que nadie lo impugnara, porque lo hacen ustedes un año después".
Pons recordó que la resolución que esgrime el Gobierno para justificar la legalidad del cambalache "no se publicó en el BOE, se hizo en secreto y por lo bajini". Además, subrayó que la resolución por la que se inscribe a De la Vega en Valencia "es del 7 de febrero y no de 31 de enero", como decía el comunicado de Vicepresidencia de este martes.
En una situación similar, recordó Pons, "cualquier ciudadano tiene que acudir al juez de primera instancia, pero la vicepresidenta no es un ciudadano cualquiera". El diputado del PP hizo hincapié en que De la Vega fue "beneficiada por dos decisiones ilegales", la resolución casi secreta que "cambié el criterio de más de 50 convocatorias electorales" sin ni siquiera publicarse en BOE como era preceptivo, y recordó que la Administración debió "iniciar un proceso de revocación", para que "un acto administrativo estimatorio" sustituya "a otro desestimatorio sin haber recurrido". Por todo ello, Pons consideró que si no aclara estas irregularidades la vicepresidenta "debe dimitir, porque esa es la esencia de la democracia no meter la mano en la urna".
La respuesta de Salgado, en la línea del Gobierno, fue negar la realidad, decir que el cambio de censo de la vicepresidenta "es legal y de justicia" y "afectó por igual a todos aquellos ciudadanos que habían reclamado", y se escondió detrás de los supuestos escándalos que afectan al PP para no dar explicaciones.
Los Socialistas, pedir dimisiones de los Populares si, pero asumir responsabilidades ni hablar, piden comisiones de investigación en los casos que afectan al PP y se las aceptamos y cuando el PP pide alguna comisión como la de la cacería del Furtivo, dicen que ni hablar. No solo hay que ver la paja en el ojo ajeno hay que predicar con el ejemplo y estos se hacen llamar demócratas, jajajajaja, que me parto.
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